El Departamento de Justicia de EE.UU ha acusado a Google de destruir los historiales de chats internos que la empresa está obligada a conservar, en virtud de las leyes federales ante un juicio antimonopolio pendiente.
Así, la empresa de la gran G está lidiando no sólo con una, sino con un par de demandas antimonopolio presentadas por el propio Departamento de Justicia y varios estados. En el caso que nos ocupa, se refiere a la demanda que el Departamento presentó en 2020 por mantener ilegalmente monopolios en torno a las búsquedas en internet y la publicidad relacionada con estas.
Acusados de borrar pruebas
Así, el Departamento de Justicia afirmó que los empleados de la compañía solían usar una sala de chat interna configurada para discutir negocios sensibles, cuyo historial se eliminaba cada 24 horas; la agencia de justicia esperaba que Google cambiara su configuración de historial en 2019, cuando la compañía anticipó razonablemente el litigio; sin embargo, dejó la decisión en manos de los empleados.
Sólo unas pocas personas consideraron que sus historiales de chat eran relevantes para el caso y preservaron los suyos para el tribunal; por otro lado, Google continuó eliminando chats incluso después de que se presentara la demanda.
Google se defiende
A pesar de ello, los de Mountain View informaron al gobierno americano de que ya había puesto un freno legal para suspender la eliminación automática en su herramienta de chat. Es más, niegan dichas acusaciones: un portavoz declaró al medio The Wall Street Journal:
«Nuestros equipos han trabajado concienzudamente durante años para responder a las investigaciones y litigios. De hecho, hemos presentado más de 4 millones de documentos sólo en este caso, y millones más a reguladores de todo el mundo.»
A pesar de ello, el Departamento de Justicia alega que dicha afirmación no es cierta; según ellos, hasta esta semana no han dejado de borrar historiales de chat, aun con conocimiento de que en caso de incumplimento, se presentarían sanciones.
Ahora, Google se enfrenta a una violación federal y deberá facilitar más información sobre sus prácticas de chat ante un juicio; las consecuencias derivarán seguramente en sanciones económicas.
